«Argelia había declarado que ha tomado varias medidas para hacer frente a las ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, el país aún no ha ordenado la apertura de investigaciones imparciales sobre los casos de ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza por parte del ejército y la policía», afirmó la ONG en una intervención en una sesión organizada en el marco de la 54ª sesión del Consejo de Derechos Humanos.
«Dado que el derecho a la vida está garantizado por los convenios internacionales, no pueden invocarse circunstancias excepcionales, como el estado de guerra, la amenaza de guerra, la inestabilidad política interna o cualquier otro estado de excepción, para justificar medidas extrajudiciales o ejecuciones arbitrarias», señaló PDES, observando que las autoridades estatales argelinas siguen realizando ejecuciones arbitrarias y que se han denunciado numerosos casos de asesinatos de jóvenes por parte de las fuerzas públicas argelinas, ya sea a balazos o por inmolación.
En este contexto, la ONG precisó que «Argelia sigue ignorando a las víctimas saharauis de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias», indicando «la repetición de casos de ejecución en los campamentos de Tinduf, en el suroeste de Argelia, por parte del ejército argelino. Estos casos pueden calificarse de asesinatos sistemáticos, en ausencia del Estado de derecho argelino en los campamentos de Tinduf».
La naturaleza de estas violaciones exige que se investiguen los hechos ocurridos para evitar que reine un clima de impunidad, subrayó la ONG, recordando el deber de Argelia, en virtud del derecho internacional, de investigar las denuncias de violaciones y ejecuciones arbitrarias contra estas personas.
Concluyó que «cualquier omisión por su parte, como Estado parte, de investigar estas alegaciones constituye en sí misma una violación independiente del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos».
