El proyecto de ley, aprobado por 18 votos a favor y 8 abstenciones, tiene por objeto establecer un marco jurídico global para las penas alternativas, basándose en los principios fundamentales del derecho penal en materia de sanción, previendo mecanismos y normas de procedimiento, que se incorporarán al Código de Procedimiento Penal, para el seguimiento y la ejecución de las penas alternativas.
Los grupos y formaciones parlamentarias han presentado varias enmiendas, destinadas principalmente a definir las penas alternativas y sus modalidades de aplicación.
Entre estas enmiendas figura una propuesta por los grupos de la mayoria, relativa a la introducción de la pena de «multa diaria» junto a otras penas como los trabajos trabajos en beneficio de la comunidad, la vigilancia electrónica y determinadas restricciones o medidas de control, terapéuticas y de recualificación, con el fin de remediar el problema de la superpoblación carcelaria.
Para determinar el importe de esta multa, el tribunal tendrá en cuenta la situación económica del condenado, la gravedad del delito y sus consecuencias.
La Comisión también aprobó un aumento del número de horas de «trabajos en beneficio de la comunidad», estableciéndose entre 40 y 3.600 horas, en beneficio de diversos establecimientos, instituciones y organizaciones.
Otra enmienda, propuesta por el grupo socialista-oposición Ittihadí, estipula que los trabajos en beneficio de la comunidad deberán, en su caso, corresponder a la profesión y oficio de la persona condenada, a sus cualificaciones y capacidades, o complementar su actividad profesional habitual, con un plazo no superior a seis meses tras la decisión judicial.
La comisión también aprobó una enmienda relativa a la vigilancia electrónica, propuesta por el grupo socialista-oposición Ittihadí.
